Uber opera en 31 ciudades del país y está a punto de llegar a Morelia, pero pronto podría quitar una ciudad de la lista.
El gobernador de Puebla, Antonio Gali, señaló que la plataforma de transporte tendrá que cumplir una serie de lineamientos para seguir brindando sus servicios en el estado.
Aunque en un principio Gali dio a entender que suspendería el permiso de la plataforma hasta que se alineara a las condiciones impuestas por la entidad, más tarde dijo que la empresa no dejará de operar en Puebla hasta que no se presente una iniciativa para regular a este tipo de apps de transporte bajo demanda.
En un video publicado en su cuenta de Twitter, el gobernador poblano manifestó que especialistas y autoridades estatales se reunirían para preparar la iniciativa y presentarla ante el Congreso local.
“Tendrán ya que revisarla (la iniciativa) las mismas empresas y, si se oponen a los lineamientos, pues tendrán problemas, y si no pues definitivamente ya se tomarán otro tipo de decisiones”, dijo.
Las declaraciones de Gali respecto a Uber ocurren tras el asesinato de la estudiante universitaria Mariana Fuentes, ocurrido el pasado 30 de septiembre presuntamente a manos de cuatro sujetos, uno de los cuales trabajaba como chofer en la aplicación.
La compañía señaló que el crimen no ocurrió durante un viaje a través de la aplicación y que colaboró con las autoridades para ayudar a la pronta detención del involucrado.
En septiembre, el estado le retiró el permiso de operación a Cabify por fallas en sus protocolos de seguridad, luego de que uno de sus choferes presuntamente violó y asesinó a Mara Castilla, una estudiante de 19 años de edad, que abordó la unidad para volver a casa el viernes 8 de septiembre, pero nunca llegó a su destino.
Cabify dijo que impugnaría la decisión del estado y anunció la implementación de cambios en la plataforma para reforzar la seguridad de los usuarios.
Entre las propuestas del gobierno estatal para combatir la inseguridad a bordo de unidades de empresas como Uber, se encuentra garantizar que los conductores no tengan antecedentes penales, se sometan a pruebas toxicológicas y evaluaciones semestrales, además de establecer una base de datos para evitar que los choferes que fueron dados de baja en una plataforma trabajen para otra.