El gobierno de Puebla anunció la revocación del permiso de Cabify para operar en el estado, como parte de una serie de medidas de seguridad tras el asesinato de Mara Castilla.
Mara, quien tenía 19 años de edad, solicitó un vehículo a través de la app para volver a casa el viernes 8 de septiembre, pero nunca llegó a su destino. Una semana después, se encontró su cuerpo sin vida y una necropsia reveló que fue atacada sexualmente y estrangulada. El principal sospechoso del asesinato es el chofer de la unidad, Ricardo Alexis.
La empresa, que operaba en la entidad desde febrero de 2016, perdió la concesión por fallar en sus protocolos de seguridad, dijo el secretario general de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano.
El funcionario añadió que una de las irregularidades fue permitir que el chofer se uniera a la plataforma después de que Uber lo diera de baja en los primeros meses del año por prácticas indebidas.
Este lunes, la plataforma informó que aumentará sus protocolos de seguridad y agregará funciones como un botón de emergencia (disponible para choferes y pasajeros), así como la posibilidad de establecer un contacto de emergencia que sea notificado, junto con las autoridades, si se presenta una situación de peligro.
¿Qué otros cambios se implementarán?
El gobierno de Puebla informó que las plataformas similares a Cabify tendrán que encargarse de que cada uno de sus conductores tenga licencia mercantil (para garantizar que no tengan antecedentes penales), pase pruebas toxicológicas y sea sometido a evaluaciones semestrales.
También se implementará una base de datos que se actualizará en tiempo real con el fin de que las plataformas no permitan que los conductores que han sido dados de baja en una app trabajen en otra.
Además se realizará una base de datos en tiempo real para evitar que conductores que han sido dados de baja trabajen para otra plataforma.
Cabify se inconforma ante la revocación
Mediante un comunicado titulado “¿Revocarnos la licencia es la solución al problema de la inseguridad?”, Cabify externó su inconformidad ante la decisión del gobierno poblano.
La plataforma dijo que desde que comezó a operar en el estado ha cumplido con todos los requisitos que marca la ley y que atendería la medida impuesta mediante la vía legal.
La empresa reiteró que el conductor sospechoso del feminicidio no contaba con antecedentes penales al momento de registrarse en la aplicación y señaló que no tenía conocimiento de que había sido expulsado de Uber anteriormente.
“Estamos convencidos que, de haberse compartido (la información), por lo menos con las autoridades, esta situación podía haberse evitado”, se lee en el comunicado.
Cabify informó que continuaría trabajando en iniciativas para reforzar sus protocolos en seguridad y colaborando con las autoridades.
(con información de El Economista, Nación 321)