Colusión para aumentar precio de medicinas, en la mira de la Cofece

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Por primera vez, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) lanzará una investigación a nivel nacional contra empresas privadas del sector salud por presuntas prácticas monopólicas que han afectado al bolsillo de los consumidores.

En conferencia de prensa, el organismo regulador dijo que abrirá una investigación en contra de laboratorios, fabricantes, distribuidores, comercializadores de medicamentos e insumos médicos que se hayan ‘coludido’ para evitar la competencia y por consecuencia incrementar el precio de sus productos.

Carlos Mena, titular de la Unidad de Investigación de la Cofece, dijo tener los elementos suficientes de colusión, fijación, manipulación de precios e intercambio de información que afecta la competencia en sector salud.

“Esas prácticas monopólicas pudieron haber generado un sobreprecio en los medicamentos en promedio de 30%, aunque en algunos casos identificados, como el mercado insulina, el monto se elevó hasta 57%”, dijo Mena.

En marzo de este año, el IMSS presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que dicha institución garantice el proceso de competencia económica y elimine las posibles prácticas monopólicas.

Cártel de negociantes

La investigación derivó tras la información publicada en los Panama Papers, donde aparecen nombres de empresas y personas relacionadas con el sector salud.

Una de las revelaciones de los Panama Papers exhibió una presunta simulación en la compra de Marzam por parte de el fondo holandés Moench Coöperatief, que pagó mil 350 millones de pesos.

En septiembre de 2015, la Cofece autorizó a Genomma Lab vender 50% de Marzam.

Los Panama Papers señalan que unos 83 millones de dólares fueron aportados por Marina Matarazzo de Escandón, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de la distribuidora de medicamentos Nadro.

La Cofece dijo que podría castigar con severidad las prácticas monopólicas con multas de hasta 10% de sus ingresos a los involucrados y a quienes hayan ayudado en las prácticas podrían ser sancionados con hasta 13 millones de pesos y hasta 10 años de prisión.

(Con información de Notimex, Reforma y Noticias en la Mira) 

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